Un paraíso fiscal es un país que exime del pago de impuestos a los inversores extranjeros que mantienen cuentas bancarias o constituyen sociedades en su territorio. Típicamente conviven dos sistemas fiscales diferentes.
Mientras los ciudadanos y empresas residentes en el propio país están obligados al pago de sus impuestos como en cualquier otro lugar del mundo, los extranjeros gozan en la mayoría de los casos de una exención total, o al menos de una reducción considerable de los impuestos que deben pagar. Esto es así siempre y cuando no realicen negocios dentro del propio paraíso fiscal.
Los estados que aplican este tipo de políticas tributarias lo hacen con la intención de atraer divisas extranjeras para fortalecer su economía. En su mayoría se trata de pequeños países que cuentan con pocos recursos naturales o industriales. Difícilmente podrían subsistir de no ser por la boyante industria financiera que crece a la sombra de los capitales extranjeros.
Los paraísos fiscales han atraído, especialmente durante las últimas décadas, a un número creciente de inversores extranjeros. Generalmente se trata de ciudadanos y empresas que huyen de la voracidad recaudadora de sus países de residencia, en busca de condiciones tributarias más favorables. No es de extrañar, pues en algunos países con impuestos altos, especialmente en Europa, los tributos que paga una persona física o empresa pueden suponer casi un 50% de sus ingresos.

Un paraíso fiscal es un territorio donde se pagan menos impuestos que por ejemplo el sitio de residencia habitual de un inversor y que cuenta con una infraestructura a tal fin. Se concentran en ciertas partes del mundo y los hay mejores y peores.
Los organismos internacionales tanto de carácter político como policial, tienen formulados códigos de conducta y unas recomendaciones que unos cumplen a rajatabla y otros ni siquiera han aceptado. De ahí la bondad o maldad del paraíso.
De toda forma el paraíso fiscal suele atraer por parte de los gobiernos de las grandes naciones del mundo una desconfianza bastante grande y los movimientos de dinero (bancario) hacia y desde ellos son minuciosamente controlados y revisados.

los paraísos fiscales fue creado con el fin de evadir impuestos para infraestructuras y el funcionamiento de servicios públicos que garantizarían derechos humanos fundamentales como la educación, la salud y las pensiones. El enriquecimiento desmedido de pocos, que esta evasión permite, desemboca en carencias que castigan a los más pobres.
No todo el dinero que se encuentra en paraísos fiscales proviene de actividades delictivas. De hecho, el fruto del trabajo de muchas personas acaba en esos territorios sin ley para evitar que los políticos sigan esquilmando sus impuestos. Pero el desvío a paraísos fiscales debilita aún más al Estado, fortalece la cultura del “sálvese quien pueda” y la ley de la selva. Proliferan las desigualdades sociales, la corrupción, la delincuencia y la violencia, donde siempre pierden los pobres. La democracia y el Estado de Derecho existen sólo de manera formal.
Los Gobiernos de países empobrecidos recurren a préstamos millonarios del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. A cambio, llevan a cabo ajustes estructurales para privatizar sectores clave de la economía y se endeudan con altas tasas de interés. Resultado: debilitación del sector público que garantiza las redes de protección social para los pobres, crecimiento de la dependencia y permanencia en la minoría de edad que supone ser llamado “país en vías de desarrollo”. Con medios y voluntad para luchar contra la corrupción, así como para fortalecer sus sistemas de recaudación fiscal, se podría reducir también la dependencia a una plausible pero insuficiente Ayuda Oficial al Desarrollo. Las medidas de recaudación fiscal tienen un potencial que supera al de la ayuda, según conclusiones de la ONG Red Justicia Fiscal.